Seguros de
tus derechos
Los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de ocho años, a una persona discapacitada o a un familiar hasta segundo grado de consanguinidad que no puedan valerse por sí mismo, tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria de entre 1/8 y un máximo del 50% de su jornada. En caso de progenitores con hijos menores de 18 años enfermos de cáncer, la jornada reducida será mínimo un 50% de la jornada.
En primera instancia comunicárselo al trabajador y calcula las cantidades a embargar de acuerdo con lo previsto legalmente hasta el pago total de la deuda indicada.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponden al trabajador, siempre dentro de su jornada ordinaria. Es conveniente acudir al Convenio Colectivo por si se regulan criterios para la concreción de la misma. En caso de desacuerdo, la empresa deberá demostrar que existen razones justificadas para no acceder a la elección de la jornada solicitada por el trabajador (productivas y organizativas) y, por su parte, el trabajador deberá argumentar el horario propuesto.
Cualquier modificación sustancial requiere de la existencia de unas causas que lo justifiquen así como de un procedimiento específico dependiendo de si es una modificación individual o colectiva. Por causas justificadas se entiende aquellas relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así en la ley se establece aquellas causas probadas por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Únicamente se considerarán sustanciales las modificaciones relevantes; cambio de jornada intensiva a partida o retrasar varias horas el inicio de la jornada.
La indemnización actual fijada para el despido declarado improcedente es de 33 días por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. Hay que tener en cuenta que para aquellos contratos formalizados con anterioridad a la Reforma Laboral (12/12/2012) existe un régimen transitorio. Hasta esa fecha la indemnización sería de 45 días por año de servicio, con el tope de 42 mensualidades proporcional hasta fecha 12/02/12 y 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades desde el 12/02/15 a fecha de despido.
Pide a dos personas que testifiquen la entrega de la carta (deberán firmarla como testigos) o bien puedes mandar dicha carta por burofax al trabajador.
En el Estatuto de los Trabajadores se establece que en el periodo de prueba cualquiera de las partes puede desistir unilateralmente del contrato laboral. En consecuencia, si la extinción se produce durante el periodo de prueba, no existe derecho a indemnización, únicamente la liquidación correspondiente, es decir, el finiquito.
Existe la posibilidad de despedir al trabajador sin pagarle ningún tipo de indemnización (el finiquito si deberá pagarse siempre). Hablamos del despido disciplinario, siempre que el trabajador incumpla gravemente alguno de sus deberes y obligaciones, pero cuidado ya que hay que poder demostrar este incumplimiento reiterado o grave y deben seguirse unas pautas muy concretas para el despido a fin de evitar la impugnación por parte del empleado.
La empresa puede finalizar la relación laboral siempre, no obstante un despido puede ser considerado procedente, improcedente o nulo por un juez. Será procedente siempre que exista una causa que lo justifique, improcedente cuando no haya una causa que lo justifique y nulo en casos especialmente protegidos como en el caso de despido a embarazadas, representantes de los trabajadores, etc. Sí que se puede despedir una persona con incapacidad temporal y normalmente no se considera nulo sino improcedente el despido. Si la incapacidad temporal es por un embarazo probablemente se considerará nulo pero si es porque se ha roto la pierna no.
Todas las empresas deben cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales puede acarrear sanciones e incluso responsabilidades de carácter penal.
Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos. En ningún caso descargará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo perjudicial haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.
No, sin su consentimiento previo no puedes enviarles ninguna información. Cuando recojas sus datos debes darles la opción de indicar si desean o no recibirlas y si especifican que no, no tienes su autorización para mandárselas.
Los datos de carácter personal son las informaciones relativas a una persona física identificada o identificable. Es un concepto muy amplio ya que engloba desde el número de DNI hasta la ideología política, pasando por datos económicos, relativos al empleo circunstancias sociales y demás datos relativos a las características personales.
Un Protocolo Familiar debe contemplar aspectos económico-empresariales como acceso a la empresa de los miembros de la familia, sucesión y formación, remuneración, normas de conducta y conflictos de intereses; temas económico-accionariales como la toma de decisiones, los órganos de Gobierno y Poder (Asamblea Familiar y Consejo de Familia, Junta General y Consejo de Administración) y el control de la propiedad; y otros aspectos compromisos testamentarios, revisión del protocolo, sistemas de resolución de controversias.
El Protocolo Familiar ayuda a evitar problemas tanto en la empresa como en la familia y es una guía para solucionar conflictos entre los accionistas de la empresa familiar.
Un Protocolo Familiar es un documento que contiene los acuerdos que la familia ha consensuado respecto de su relación con la empresa y la propiedad. En el Protocolo familiar quedan marcadas las reglas de juego en muchos aspectos como la sucesión, los honorarios, el organigrama, la estructura salarial, la evaluación del rendimiento, la gestión, etc.
Los autónomos tienen derecho a una prestación por cese de actividad siempre que cumplan determinados requisitos tales como, estar dados de alta en la Seguridad Social y tener cubierto un período mínimo de cotización por cese de actividad en los 12 meses inmediatamente anteriores al cese. Además el cese de actividad debe venir causados por motivos económicos, técnico, productivo u organizativo, pérdida de licencia administrativa, causa de fuerza mayor, caso de violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial, y debe ser justificado.
Son los trabajadores económicamente dependientes que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual para un solo cliente del que dependen económicamente ya que reciben de él al menos el 75% de los impuestos.
Sí, se le llama pluriactividad. Es compatible tener un contrato por cuenta ajena y al mismo tiempo ejercer una actividad empresarial o profesional por cuenta propia. Es importante que cuando te des de alta como autónomo lo comuniques para que te apliquen las bonificaciones correspondientes.
Sí, en caso de que estén dados de alta en la Seguridad Social y estén al corriente en el pago de las cuotas de esta. Además deben haber cotizado un mínimo de 180 días los últimos 5 meses.
Es un seguro de protección jurídica que pone a disposición del empresario a un equipo de abogados para asesorarle y defender o reclamar los intereses de su empresa; todo por un precio asequible y conocido de antemano. Un seguro a medida de cada empresa.
Es el acuerdo de franquicia entre el franquiciador y el franquiciado y es donde se determina los derechos y obligaciones de ambas partes. Los elementos esenciales del contrato de franquicia son la marca, el conocimiento, la asistencia técnica y comercial, la duración del contrato, los productos, la remuneración o el precio, y las posibles indemnizaciones por incumplimiento del contrato por cualquiera de las dos partes.
Es un sistema de colaboración empresarial mediante el cual un empresario (franquiciador) cede a otra (franquiciado), a cambio de unas determinadas contraprestaciones económicas, el derecho a utilizar su marca y a comercializar una serie de servicios objeto de la actividad del negocio.
Se acostumbra a pactar la relación jurídica y naturaleza mercantil del contrato, la exclusividad dado que la franquicia se concede en exclusiva en un determinado territorio, la no competencia y la confidencialidad de toda la información y conocimiento que el franquiciado recibe del franquiciador.