La ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más conocida como la Ley antifraude, entró en vigor el 11 de octubre de 2021, con importantes consecuencias para las empresas. En concreto, en este artículo te explicamos cómo afecta la ley antifraude a las Pymes españolas. ¡Sigue leyendo!
¿Cuáles son las principales medidas de la ley antifraude y cómo afectan a las Pymes?
1. Límite de pagos en efectivo
Una de las principales novedades introducidas por la ley antifraude es que se limitan las cantidades que se pueden abonar en metálico: el pago máximo que se puede realizar en efectivo se reduce tanto para operaciones entre empresas como entre empresas y particulares.
- Entre empresas: se pasa de un máximo de 2.500€ a un máximo de 1.000€.
- Entre empresas y particulares: se reduce la cuantía máxima en 5.000€, pasando de los 15.000€ a los 10.000€.
2. Software de doble uso
Un software de doble uso es un programa informático que facilita la opacidad de las cuentas de una empresa ya que permiten la manipulación de datos, y, por tanto, ofrecen la posibilidad de adulterar la factura fiscal de la empresa.
En concreto, un software de doble uso será el que permita realizar las siguientes operaciones:
- Alterar las transacciones que ya se han registrado.
- Modificar los datos y registrar transacciones diferentes a las realizadas.
- Llevar contabilidades distintas.
- Ocultar parcial o totalmente la anotación de las distintas transacciones realizadas.
La nueva ley antifraude penaliza severamente el uso de este tipo de herramientas: no se permiten ni la producción ni la tenencia o comercialización del software de doble uso.
En concreto, las multas que se aplicarán serán los siguientes:
- Pymes o particulares que fabriquen software de doble uso: 150.000€ de multa.
- Empresas que utilicen software de doble uso: 50.000€ de multa.
3. Criptomonedas
El uso de criptodivisas en las operaciones realizadas serán controladas y hasta cierto punto reguladas por esta nueva ley. En particular, la normativa antifraude aprobada en 2021 obliga a declarar las criptomonedas, informando debidamente de su posesión y las operaciones que se hayan realizado.
En caso de no cumplir con esta norma, se tendrá que hacer frente a una multa de 5.000€ por cada dato o conjunto de datos sobre cada moneda que no se hayan declarado o cuya declaración se haya falseado, sean inexacta o se encuentre incompleta, con un mínimo de 10.000€.
Si la información se presenta fuera de plazo, la sanción será de 100€ por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500€.
¿Se mantienen las reducciones por pronto pago?
Sí, el régimen sancionador se ha suavizado en caso de inspección: el proyecto eleva las reducciones a las que pueden optar los contribuyentes, tanto por conformidad como por pronto pago. En concreto, estas son las reducciones que se pueden aplicar para las sanciones interpuestas en concordancia con la ley antifraude:
- La reducción de la sanción impuesta en el caso de que haya un acta de acuerdo se eleva del 50 % al 60 %.
- También se aumenta del 25 % al 40 % la reducción cuando se realice el abono del importe total de la sanción en período voluntario, es decir, por pronto pago.
Estas medidas buscan reforzar la idea de pagar las sanciones y las liquidaciones, en lugar de recurrir, de cara a evitar el colapso de la vía administrativa. Sin embargo, cabe recordar que cualquier sanción interpuesta antes de la entrada en vigor de la ley antifraude será tratada bajo dicha ley siempre y cuando así se haya estipulado con anterioridad.
Como ves, la nueva ley antifraude introduce novedades importantes que, como Pyme, se deben tener en cuenta, ya que, de lo contrario, habrá que hacer frente a multas y problemas legales.
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